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Tras diez años de trabajos, se modifica una ley de navegación que data de 1885

   El Gobierno endurece la responsabilidad del armador en casos como el « Prestige »

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samedi 3 novembre 2012
statut de l'article : public
citations de l'article provenant de : La Voz de Galicia


Tras diez años de trabajo que se iniciaron a raíz del accidente del Prestige, el Gobierno ha hecho público por fin el anteproyecto de la nueva Ley de Navegación, que viene a sustituir un texto matriz que data de 1885 y que, a pesar de haber sido muy reformado, está inhabilitado para servir de norma base para el actual contexto marítimo. El proyecto de ley, que tendrá una larga tramitación parlamentaria -consta de 497 artículos-, incorpora los convenios internacionales firmados por España y la prolija normativa europea a raíz de los accidentes del Erika y el Prestige. Pero es fundamentalmente este último siniestro el que inspira buena parte de los artículos referidos a la contaminación marítima. De hecho, se centra la responsabilidad de lo que suceda en un barco en el armador y no en el capitán, y se aclaran los deberes de las sociedades de clasificación, las empresas que dan el visto bueno técnico a los buques.

El armador

En el centro de la responsabilidad. Es evidente que el armador del Prestige verá el juicio por televisión sin que le afecte lo más mínimo. En cambio, el capitán Mangouras estará en el ojo del huracán durante los siete meses de la vista oral. El texto legal que se negociará en el Congreso deja claro que el armador es el « responsable ante terceros de los actos y omisiones del capitán y la dotación del buque », independientemente de que la normativa internacional le otorgue el derecho a limitar su responsabilidad. El armador es el que debe velar por tanto por el buen estado del buque y sus condiciones de navegabilidad. Eso sí, no será considerado responsable si el capitán opta por hacer caso omiso de sus instrucciones. No obstante, el armador no podrá contradecir al capitán cuando este tome decisiones necesarias para la seguridad de la vida humana o la protección del medio ambiente. Es lo que se denomina la primacía del criterio profesional. También se favorece la visibilidad legal armador, obligándolo a estar registrado.

Lugares refugio

Rango de ley, pero escasos detalles. La eterna discusión sobre si había que refugiar el Prestige será una de las piedras de toque del juicio. El nuevo texto de la Ley de Navegación tiene en cuenta los lugares refugio bajo el epígrafe de « arribada forzosa » y deja en manos de la autoridad marítima -la Dirección General de la Marina Mercante- cualquier decisión para dar cobijo a un barco con problemas, « en función de la concurrencia de determinadas circunstancias que hagan de esta medida la más adecuada para la seguridad de las personas, del tráfico marítimo, del medio ambiente y de los bienes ». El anteproyecto prevé que estos aspectos, muy genéricos, sean concretados en un reglamento. Pero el caso es que esa regulación ya existe, en forma de real decreto aprobado en el 2010 por el Gobierno de Zapatero. En él se trasponen las directivas europeas sobre lugares refugio y se deja en manos de un comité técnico asesor y del director de la Marina Mercante cualquier decisión al respecto. Incluso se identificaron los lugares refugio en la costa. En Galicia hay 70.

Las clasificadoras

Bajo la influencia del pleito contra ABS. La demanda de España contra ABS, la sociedad de clasificación que revisó el Prestige, es el antecedente que explica el artículo 106 del anteproyecto, en el que se intenta clarificar la responsabilidad de unas empresas sobre las que descansa la seguridad del tráfico marítimo. Por un lado, son responsables de los daños y perjuicios que se causen a quienes contraten con ellas siempre y cuando sean atribuibles a su « falta de diligencia ». Respecto a su responsabilidad frente a terceros -frente al Estado español, por ejemplo-, esta se determinará con arreglo al Derecho común.

Plan de contingencias

Insta a la Administración a elaborar uno. Es quizás uno de los aspectos más confusos del texto que el Gobierno defenderá en las Cortes.

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