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Los ocho meses de macroproceso fijados en un principio por el Tribunal de Xustiza cuestan a la Xunta 1,4 millones de euros - La sentencia se retrasará hasta mediados de noviembre

    El retraso del juicio del ´Prestige´ supone un gasto extra de 350.000 euros

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samedi 19 janvier 2013
statut de l'article : public
citations de l'article provenant de : La Opinión A Coruña .es


La extensión de las declaraciones prolongará el proceso hasta julio, dos meses más de lo previsto

El complejo juicio del Prestige pasará factura a las arcas de la Xunta y dilatará aún más la sentencia. La extensión de las declaraciones de los testigos y la complejidad de las periciales retrasará hasta mediados de julio el remate del proceso, dos meses más sobre el calendario previsto inicialmente que lo fijaba para el 29 de mayo. Esta demora tendrá dos consecuencias : un mayor coste económico -el Ejecutivo gallego asignó 1,4 millones para sufragar los ocho meses previstos de juicio- y un aplazamiento en el fallo -la previsión era dictar sentencia a mediados de septiembre-.

Aunque la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza todavía no ha dado a conocer la partida que será necesaria para costear los gastos de dos meses más de proceso (el alquiler del recinto de Expocoruña, los servicios de traducción, los sistemas audiovisuales y la seguridad de las instalaciones), el desembolso adicional podría ascender a 350.000 euros si se tiene en cuenta que el gasto mensual es de 177.000 euros.

En cuanto a la fecha de la sentencia de la mayor marea negra en Europa, podría coincidir con el undécimo aniversario de la catástrofe, el próximo mes de noviembre. Según fuentes próximas al caso, el fallo no se demorará más de tres meses desde que finalice el juicio. Pero con agosto inhábil para la Administración de Justicia habrá que añadir uno más.

De este retraso en el proceso dio cuenta ayer el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, tras reunirse con el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. En el encuentro, al que también asistieron el presidente del tribunal del Prestige, Juan Luis Pía, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuel Almenar, abordaron, entre otros asuntos, la dotación puesta en marcha para la celebración del macroproceso en A Coruña. Rueda hizo hincapié en los esfuerzos llevados a cabo por la Xunta, en especial en el actual contexto de crisis económica, para dotar de medios materiales a la Administración de Justicia para el desarrollo del juicio. Tras la reunión, el presidente del TSXG manifestó su confianza en que el juicio en cuanto a medios e infraestructuras -sufragadas por la Administración autonómica- se sigan desarrollando "con la misma eficacia y normalidad".

Para los ocho meses de proceso previstos inicialmente, la Xunta había asignado casi 1,4 millones, de los que 507.453 euros corresponden solo a los meses de octubre, noviembre y diciembre y los 885.804 restantes a las sesiones de enero a finales de mayo.

Las partidas más costosas, según el detalle de costes de Presidencia, se corresponden con los de servicios de interpretación (lingüística y profesional, 297.000 euros para el primero y 225.513 para el segundo). El coste de la vigilancia supera los 90.000 euros y de los servicios de soporte in situ, 80.404. A esas cantidades hay que añadir más de 58.000 euros para la adquisición de sistemas audiovisuales, 68.000 euros del sistema de grabación digital y casi 21.000 euros para el alquiler de una sala de prensa.

Naturalmente, habrán de probarlo ; pero que varios letrados hayan preguntado a distintos testigos -especialmente a Manuel Nogueira, exsubdirector general de Tráfico Marítimo- en torno a la posibilidad de que la empresa de Vigo Remolcanosa, hubiera negociado la excepción para el remolcador Ría de Vigo al objeto de que este interviniese en el remolque del Prestige como si se tratase de un remolque comercial -al margen de su dependencia de la Dirección General de la Marina Mercante- da que pensar.

El Ría de Vigo es uno de los remolcadores que disponen de un contrato full time con la Dirección General de Marina Mercante, contrato que le obliga a mantenerse a disposición del organismo dependiente del Ministerio de Fomento salvo en circunstancias especiales, siempre de mutuo acuerdo entre las partes, para abandonar por un tiempo muy concreto sus obligaciones para con Marina Mercante. Este abandono circunstancial ha de ser solicitado por la armadora y, lógicamente, autorizado por la Dirección General de la Marina Mercante. Si tal autorización fue concedida en el incidente del Prestige podría entenderse como una cesión del Gobierno que rayaría, cuando menos, con la prevaricación por cuanto se trataría de primar el beneficio de una empresa a costa del interés público.

No es la primera vez que el citado remolcador se ve envuelto en una acusación semejante. Por ejemplo, en el embarrancamiento del carguero Casón en la costa de Fisterra.

Si ahora se repite la circunstancia, llueve sobre mojado. Y haría bien el Ministerio de Fomento en clarificar, antes de que lo hagan los jueces del caso Prestige, cuál fue su papel en este affaire. Es necesario, además, porque la presumible negociación podría explicar determinadas actitudes del capitán, Apostolos Mangouras criticadas, precisamente, por aquellos que directamente ejercían sus responsabilidades en el área de la Dirección General de la Marina Mercante. Por ejemplo, pondría fin a la incertidumbre del por qué Mangouras dijo que el remolcador obedecía al armador. También a la demora en la intervención del Ría de Vigo, porque un remolque comercial significa, obviamente, un beneficio directo para la compañía armadora, Remolcanosa, sin la mediación del contrato que lo vincula al organismo que, entonces, dirigía José Luis López-Sors, el único cargo del Ministerio de Fomento imputado en el proceso.

A Manuel Nogueira, según su propio testimonio, no le consta que tal negociación existiese ; pero no desmintió la posibilidad de que la misma se hubiera llevado a cabo. Tampoco los funcionarios de Marina Mercante dieron explicaciones a esa tardanza del Ría de Vigo en intervenir más o menos eficazmente en el remolque del Prestige. Y habría que aclarar si este remolque se efectuó, efectivamente, como buque que actuaba como propio de Marina Mercante o como uno más de los remolcadores contratados para el caso.

El Ría de Vigo percibe mensualmente una cantidad estipulada en su contrato por actuar al servicio de la Dirección General de la Marina Mercante y, intervenga o no en alguna actuación que se produzca en la mar, no deja de cobrar por esa disponibilidad total.

Si la excepcionalidad se le concede a la vista de cómo pintaban las cosas aquel 13 de noviembre de 2002 cerca de la salida sur del Dispositivo de Separación de Tráfico Marítimo Fisterra, las autoridades marítimas deben dar cuenta del cuándo, el cómo y el por qué de tal favor. Porque este, de haber sobrevivido el Prestige, es decir, de haberse logrado el rescate del petrolero -que estuvo a tan sólo cuatro millas de la costa de Muxía- hubiera significado un "premio" de millones de euros para una empresa que, en buena medida, se sostiene gracias a sus contratos públicos con el Estado y con la Xunta.

Sea como fuere, lo percibido por Remolcanosa en la intervención del Ría de Vigo, como por la del Charuca Silveira debe figurar en los correspondientes asientos de contabilidad de la empresa.

Los actuales no son tiempos de raqueros.




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