Accueil du site
Coordination marée noire



envoyer l'article par mail envoyer par mail  [où ?]   [imprimer cet article]    Article précédent    Article suivant

LUIS POUSA

   El fracaso de la demanda contra ABS en Nueva York le ha costado doblemente caro a España

info Coordination marée noire
lundi 25 mars 2013
statut de l'article : public
citations de l'article provenant de : El Correo Gallego


PARA Carlos Martínez-Buján, catedrático de Derecho Penal de la Universidade da Coruña, las declaraciones del ex número dos de la armadora del Prestige, George N. Alevizos, no eran motivo suficiente para sobreseer la imputación de José Luis López-Sors, según señalaba al principio de su artículo periodístico al que nos venimos refiriendo.

A mayores de lo ya por él apuntado, para Martínez-Buján quedaría pendiente de justificación "por qué las autoridades de Fomento dirigieron el buque rumbo al temporal con intención de hundirlo. Y, más allá de todo ello, conviene recordar una vez más que las únicas opiniones que nos interesan en este punto son las que provengan de dictámenes periciales elaborados por verdaderos especialistas en ciencias y técnicas de navegación de acuerdo con su lex artis, como son los aportados ya al proceso por las acusaciones de Nunca Máis y de Izquierda Unida, así como por la defensa de Mangouras, todos ellos coincidentes en la viabilidad de refugiar el buque y en criticar su alejamiento con rumbo hundimiento y su errático peregrinaje náutico".

Concluye el catedrático de Derecho Penal : "Ahora falta por saber el contenido del dictamen pericial sobre estos aspectos, encargado por el juez instructor al profesor de la Escuela de Marina Civil de la Universidad de A Coruña, M. J. Fernández Hermida".

El día anterior a que el ex número dos de Universe Maritime declarase en el juzgado de Corcubión (12-09-2008), el abogado de Nunca Máis, Pedro Trepat, había mantenido en el mismo juzgado la opinión de que la clasificadora ABS debería ser imputada en España.

Esa propuesta no llegó a prosperar porque el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, la rechazó, recordando, además, que la Audiencia Provincial de A Coruña ya había resuelto favorablemente el recurso presentado en ese sentido.

Remontándonos en el tiempo, la demanda del Estado español contra la agencia de clasificación ABS fue interpuesta en mayo de 2003 en Nueva York, por 1.000 millones de dólares (unos 714 millones de euros) , en concepto de indemnización por los costes que había supuesto para España el accidente del Prestige.

Esa cantidad quedó corta, según cálculos posteriores realizados por la fiscalía gallega. En un escrito presentado en junio de 2010 ante el juzgado de Corcubión, cifraba los costes directos de la catástrofe, así como el daño medioambiental que sufrió España, en 1.974 millones de euros.

En su día, el abogado Pedro Trepat ya había criticado al Gobierno español por embarcarse en una "aventura judicial" en Estados Unidos que finalmente devino fracasada.

De hecho, en enero de 2008 la jueza Laura Taylor Swin, que en agosto de 2010 fallaría a favor de la agencia clasificadora, ya se había inhibido al entender que el pleito excedía sus competencias.

En vista de lo cual, Nunca Máis reaccionó entonces presentando en el juzgado de Corcubión una ampliación de su querella inicial en España contra la Administración española y la casa armadora. Esa ampliación no fue admitida a trámite hasta después de que el Tribunal de Apelación de EEUU le diese la razón a las autoridades españolas en el pleito contra ABS y obligase a la jueza Laura Taylor Swin a seguir el proceso planteado.

Finalmente, sin embargo, el juzgado de Corcubión rechazó la imputación de la clasificadora en el caso Prestige.

A principios de agosto de 2010, siete años después de que España emprendiese acciones legales en Estados Unidos contra ABS, la jueza Swin falló a favor de esta. A su entender, siempre según las leyes federales norteamericanas, no se pueden imputar responsabilidades sobre vertidos de crudo a las sociedades de calificación, porque es "el propietario del barco el que está en última instancia a cargo de las actividades a bordo del buque".

La jueza estadounidense aceptó el planteamiento español de que en el accidente del Prestige existen ramificaciones, de cara a exigir responsabilidades. Reconoció también "el imperativo legal de que se considere responsables a las parte apropiadas de los derrames que causan grandes desastres económicos y ambientales. No obstante, la única cuestión para este tribunal es si una agencia de clasificación que presta servicios en nombre de un armador puede ser o no responsable legal de un accidente de este tipo en base a una certificación imprudente".

Ante este planteamiento, la jueza concluye que cuando se producen este tipo de desastres "los únicos responsables son los propietarios de las embarcaciones, que bajo su cargo están todas las actividades que se producen en la nave". Para ella no hay distinción "entre daños que se limitan a las partes y los que son públicos", como sugería la parte española.

En conclusión, la jueza Laura Taylor Swin rechazó la demanda. Aún así, los abogados del Estado español decidieron presentar recurso de apelación. El 29 de de agosto de 2012, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos desestimó también el recurso de apelación.

En diciembre de ese mismo año el Gobierno español dio a conocer el importe de la factura que había tenido que pagar a los abogados que siguieron el proceso contra ABS en Nueva York : exactamente 30.925.536,92 euros. A esos casi 31 millones de euros hay que añadir otros gastos como dietas, desplazamiento, etc.

El caso es que la demanda española ni siquiera llegó a juicio.

Al inicio del proceso los abogados de la clasificadora presentaron un recurso ante la jueza de Nueva York en el que planteaban una serie de dudas sobre la legislación que cabría aplicar en el caso y exigían que se les aclarase qué tipo de juicio se celebraría.

Swin se dio un plazo de dos meses para resolver estas cuestiones y decidir si la demanda seguía o no adelante. Cuando la jueza accedió a continuar con el proceso, los abogados de España interpretaron que ABS intentaría un acuerdo económico con España a fin de evitar el juicio, que cabría suponer daría lugar a una sentencia ejemplar. Pero ese juicio no llegó a celebrarse.




voir l'article complet -->>>

 

 


Locations of visitors to this page