El 75% de los afectados tampoco acusarán al Estado por el « Prestige »

El controvertido dictamen jurídico de la Abogacía del Estado, que cuenta con el visto bueno de la cúpula del Ministerio de Justicia del Gobierno de Zapatero, también es analizado en clave positiva por la defensa legal del 75% de los afectados por la marea negra del Prestige en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. En línea con la estrategia jurídica del Estado, el bufete de Ramón Sabín, que representa en el juzgado de Corcubión a 15.000 damnificados de unas 25 cofradías gallegas y asturianas, ejercitará la acusación particular contra el capitán del Prestige , Apostolos Mangouras, pero renunciará a acusar al ex alto cargo imputado, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Por tanto, no dirigirá su acusación contra la Administración.

Aunque todavía no han presentado su escrito en el juzgado a la espera de que se dicte el auto de incoamiento de procedimiento abreviado, Sabín confirma que su estrategia legal está clara desde el principio y que la larga instrucción del sumario -más de seis años- no ha modificado sus puntos de vista ni los de sus defendidos. « Desde el principio siempre tuvimos claro que los verdaderos responsables del accidente fueron el capitán y el armador y las pruebas aportadas no han modificado nuestro punto de vista », asegura. « Estoy convencido -añade- de que su intención era embarrancar el petrolero en la costa gallega ».

Respecto al informe de la Abogacía del Estado, en el que se solicita el sobreseimiento para López Sors y se define la actuación del Gobierno del PP de « rápida y eficaz », la defensa de la mayoría de los afectados -en total se calcula que hay unos 20.000 en todas las comunidades afectadas-coincide en que no hubo ningún indicio de criminalidad en la decisión de alejar el Prestige . « Mis clientes estaban de acuerdo con que el petrolero fuera alejado », zanja Ramón Sabín.

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Es preciso recordar que estos afectados se integraron en su momento en la Comisión de Cofradías afectadas por el Prestige , que firmó un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar para que el Estado les adelantara las indemnizaciones. Renunciaron a la vertiente civil del proceso, pero siguen ejercitando la acción penal. El resto de los damnificados están representados por varias decenas de letrados.

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